Este 4 de junio se ha presentado el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Este documento recoge, con base en la Encuesta de Condiciones de Vida, la evolución de la pobreza en España y ofrece una radiografía precisa y preocupante: la pobreza se reduce en cifras generales, pero no mejora para quienes viven en situación más severa.
Una década sin bajar del 25 % de la población en riesgo
Según el informe, 12,5 millones de personas se encontraban en 2024 en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE), lo que supone un descenso respecto al año anterior y la cifra más baja desde 2014. No obstante, 1 de cada 4 personas sigue atrapada en esta situación, lo que confirma la persistencia estructural de la pobreza en nuestro país.
Especialmente grave es el dato de las 4,1 millones de personas en pobreza severa, que sobreviven con menos de 644 euros al mes por unidad de consumo. Esta cifra apenas ha variado y se sitúa por encima de los niveles de 2008.
Infancia y vulnerabilidad: una deuda social pendiente
El informe vuelve a alertar sobre la pobreza infantil, la más alta de la Unión Europea, con 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes en riesgo. Las familias monoparentales y las familias numerosas son quienes presentan mayores tasas de exclusión.
También preocupa el impacto de la pobreza sobre personas migrantes extracomunitarias (más de la mitad en riesgo), con discapacidad (32,9 %), y sobre colectivos en edad laboral con dificultades de acceso al empleo o la vivienda.
La vivienda, una barrera constante
El acceso a una vivienda digna continúa siendo un factor crítico de empobrecimiento. El 35,5 % de los ingresos de las personas pobres se destina a vivienda, lo que deja una media de apenas 333 € disponibles al mes para cubrir el resto de necesidades. La pobreza energética, aunque ha bajado este año, sigue afectando a casi el 18 % de la población.
El papel del Estado: imprescindible pero mejorable
Uno de los datos más relevantes es el efecto protector del Estado del Bienestar: sin las transferencias públicas (pensiones, IMV, ayudas familiares, etc.), 11,1 millones más de personas habrían caído en la pobreza en 2024. Sin embargo, el impacto de estas medidas es inferior al de otros países europeos con niveles similares de desarrollo, especialmente en el ámbito de la infancia.
Urge un Pacto de Estado
EAPN-ES vuelve a reclamar a los poderes públicos la aprobación de un Pacto de Estado contra la Pobreza, actualmente en tramitación parlamentaria. Este pacto debería garantizar ingresos dignos, vivienda adecuada, empleo estable, políticas de cuidados y educación inclusiva, además de acciones decididas contra la aporofobia.
En palabras de la entidad:
«Acabar con la pobreza es una decisión política. Es el momento de actuar, aprovechando el contexto económico favorable y los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030.»